Art. 1 LEC: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

 

Lo estudiaste en la carrera, pero ya no le prestas demasiada atención, Sin embargo, en la práctica procesal, es el primer artículo sobre el que debemos detenernos:
El artículo 1 de la LEC.
Porque el art. 1 es el alma del proceso, establece el principio de legalidad, ordenando que las partes y los tribunales actúen, dentro del proceso, con arreglo a lo dispuesto en la LEC para asegurar que el proceso sea predecible y uniforme, para proteger el estado de derecho, la igualdad entre las partes, el principio de contradicción y la seguridad jurídica.
Y es imperativo: las normas procesales son de obligado cumplimiento. Aunque las partes tengan cierta flexibilidad para decidir en aspectos como allanarse o desistir de la acción, las normas que rigen el procedimiento deben respetarse rigurosamente.

El principio de legalidad se proyecta sobre el proceso civil en una doble vertiente:
 
1º Como garantía de un Proceso Justo: El juez es guardián de la legalidad, y actúa asegurando que todas las actuaciones procesales se realicen conforme a la ley. Por ello, controla de oficio del cumplimiento normativo. Podemos decir que el juez es proactivo: puede y debe tomar, en muchos casos, la iniciativa para identificar y corregir irregularidades, vulneraciones de derechos o faltas que puedan afectar la legalidad del procedimiento y la igualdad de trato entre las partes.
 
2º El Principio de Legalidad como garantía de la igualdad de Tratamiento de las partes en el proceso: En esta vertiente, se entrelaza con otro concepto fundamental: la igualdad ante la ley. Esto significa que todos los participantes en el proceso deben ser tratados de manera equitativa, evitando cualquier arbitrariedad que pueda perjudicar a alguno de ellos. Aquí entran en juego dos conceptos clave: el principio de igualdad de armas y el principio de contradicción.

a) El Principio de Igualdad de Armas establece que en un juicio, todas las partes deben tener las mismas oportunidades y recursos para defenderse y presentar sus pruebas. La idea es que ninguna de las partes debe tener una ventaja injusta sobre la otra, lo que contribuye a fundamentar un juicio justo y equilibrado.

b) El Principio de Contradicción, por su parte, se refiere al derecho que tienen las partes a ser  oídas y a poder oponerse a las alegaciones y pruebas presentadas por la otra parte. Esto asegura que todos los puntos de vista se expresen plenamente antes de que el juez tome una decisión. Cada parte tiene derecho a conocer las alegaciones y pruebas en su contra, y también a rebatirlas.

¿Qué ocurre si se incumple el principio de legalidad por el órgano judicial o por alguna de las partes?
Imaginemos que, durante el procedimiento, el juez se olvida de dar traslado de una diligencia importante o de citar a las partes para un trámite procesal. En estos casos, la parte afectada tiene el derecho de promover un incidente de nulidad de actuaciones, lo que significa que puede solicitar que se declare nula la actuación en cuestión y que se restablezca el estado anterior al error cometido. Ahora bien, no todas las infracciones a las normas procesales resultan en nulidades. Para ello, es necesario demostrar que la infracción ocasionó una indefensión real, tal como no recibir el traslado necesario para contestar un recurso.
Por otro lado, también puede suceder que las partes del proceso cometan errores. Por ejemplo, un abogado puede olvidar aportar el poder del procurador en el momento adecuado. Afortunadamente, se les concede un plazo para subsanar ese tipo de errores.
Sin embargo, existen errores que son considerados insubsanables. Esto sucede en situaciones específicas, como en el caso de plazos preclusivos. Un plazo preclusivo es un período de tiempo fijado por la ley que, una vez transcurrido, impide la realización de determinada actividad. Por ejemplo, si una parte debe contestar a la demanda en un plazo de veinte días hábiles y no lo hace, quedará en rebeldía.
 
LA JURISPRUDENCIA reafirma que las normas procesales son de orden público y deben ser cumplidas tanto por los jueces como por las partes involucradas. El Tribunal Constitucional ha determinado que el principio de legalidad procesal condiciona la actuación de los órganos judiciales y protege la igualdad de las partes en el proceso.
 
RECUERDA: Un buen abogado no solo estudia el fondo del asunto, sino que debe conocer a la perfección todos los vericuetos la LEC y moverse entre ellos como pez en el agua.